14 enero 2024 -El Mercurio.
Los eventos de las últimas semanas volvieron a poner en el tapete a una industria antes calificada de 'oscura', pero que está legalizada hace diez años. Hoy, aunque es dominada principalmente por empresas de comunicación, casi cualquier persona o institución puede hacer lobby , algo que gusta a políticos y molesta a los expertos.
Seis ministros, varios invitados, una casa. La frase, que parece sacada de una publicidad para un reality show, resume la polémica en materia de transparencia, una más, que tiene complicado al Gobierno por estos días.
Y es que las reuniones que Carolina Tohá, Alberto van Klaveren, Jeannette Jara, Nicolás Grau, Maisa Rojas y Esteban Valenzuela sostuvieron en el domicilio del exalcalde Pablo Zalaquett —fundador de la consultora Triangular— fueron incluso cuestionadas por Contraloría, que espera explicaciones.
Es una controversia que tiene, por ahora, una causa clara. Pese a que la empresa del exedil de Santiago se dedica expresamente al lobby, ninguna de estas reuniones fue registrada bajo la ley que regula esa actividad.
'No toda reunión es lobby', respondió el Gobierno inicialmente. Algo que revivió una discusión que ya tiene diez años.
¿Cómo funciona ? ¿Quienes lo ejercen? Son preguntas que, para los expertos, debieran ya estar superadas. Pero, por lo que se ve, siguen ahí.
Y no es un debate solo técnico.
'Por mucho tiempo estuvimos demonizados. La percepción que había del lobista era la de una persona desocupada que no tenía más que hacer que ir a esperar todo el día afuera de la oficina de una autoridad, para venderles alguna pomada. O bien, era alguien siniestro, oscuro', dice alguien que se dedica a este tema.
La realidad, no obstante, muestra un panorama diferente. Muchos de quienes ejercen el lobby —o la gestión de intereses— son grandes empresas de comunicaciones, estudios de abogados —conocidos y desconocidos—, gremios —desde empresariales hasta sindicatos comunales— y muchas, muchísimas, personas individuales.
Y es que en Chile, llegar a hacer este trabajo, no es tan difícil.
Las cuatro grandes
'Lobby son las gestiones o actividades pagadas que hacen personas o entidades, chilenas o extranjeras, para promover, defender o representar cualquier interés particular o para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar algunas autoridades y funcionarios'.
Así define la Ley 20.730 —que se inspiró en elementos de la legislación de Estados Unidos, la UE y Argentina— el concepto de lobby. A quien reciba pago por esto y represente intereses de terceros se le llamara 'lobista' y a quien se represente a sí mismo, 'gestor de intereses'.
Es una práctica que surge para facilitar el contacto entre el sector público y el privado (o la sociedad civil), especialmente debido a las dificultades para lograr un contacto directo con las autoridades. Y para que se asegure que todos serán recibidos.
Es una definición que suena compleja. Pero lo cierto es que los interesados solo deben llenar un formulario y 'entregar de manera oportuna y veraz a las autoridades y funcionarios respectivos la información que se les pida'.
En la inscripción se pide definir el servicio público y la autoridad con la que se requiere la reunión; poner el nombre y apellido del solicitante; el RUT o pasaporte; la nacionalidad; el medio de contacto; el e-mail; la empresa que se representa, y un breve resumen de la razón para pedir el encuentro. Pueden inscribirse de forma voluntaria o automáticamente una vez que realicen una actividad de este tipo. Por su parte, el servicio en cuestión está obligado a tener un registro público de todas las audiencias y reuniones relativas a las evaluaciones y decisiones en política pública.
En una mirada al registro de lobby público de los ministerios, en todos hay más de 300 páginas de nombres, ya sea de empresas, instituciones o personas, que se inscribieron en algún momento, desde la creación de la ley en agosto de 2014.
En algunos casos son reuniones 'protocolares', en que una nueva directiva va a presentarse. En otros, es una persona individual que busca presentar un proyecto en busca de patrocinio. Y en los restantes, se trata de grandes multinacionales que quieren mostrar preocupación sobre un proyecto de ley o sobre la situación de seguridad del país.
La mayoría se anota como 'gestores de intereses', pero dentro de los que se asumen lobistas destacan, sobre todo, empresas de comunicaciones.
De estas, las que más se repiten son las llamadas 'cuatro grandes del lobby', que coinciden en tener a la actividad como uno de sus grandes focos de trabajo y que, incluso, tienen departamentos especializados: Imaginacción, la pionera, fundada por el exministro Enrique Correa; Azerta, cuya socia principal es Cristina Bitar; Extend, de Pilar y Marilú Velasco, y Nexos, fundada por la abogada Soledad Altamirano y la socióloga Isabel Izquierdo.
Todos cuentan con más de una decena de clientes del mundo privado, sobre todo del sector minero, energético, medioambiental, salud, maderero y de la industria del salmón.
Casi todas las semanas, o acompañan a alguien o piden una reunión en ministerios o en el Congreso donde, por estos días, la actividad es frenética.
'En nuestros más de 22 años de trayectoria, hemos asesorado a las principales empresas presentes en el país en los más diferentes ámbitos productivos. Hemos reconocido siempre la naturaleza de nuestra función. (...) El lobby es un instrumento de política pública cuya misión es potenciar las relaciones entre los privados y el Estado, que regula la cooperación público-privada como el motor del desarrollo de los países y del bienestar de las personas', dice Claudia Miralles, gerenta de Comunicaciones Estratégicas de Imaginacción.
Líder en América Latina
'Legalidad'. Es un concepto que las empresas dedicadas al lobby repiten. Temen la 'demonización' que imperaba antes. De hecho, cuando se aprobó la ley fue célebre un cartel con la imagen de Vito Corleone, enarbolado entre otros por los entonces diputados Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Maya Fernández, en el que se leía: 'Lobby: ahora te tenemos fichao'.
Es un mote que rechazan. 'En Chile, si se realiza esta actividad de acuerdo a los estándares y exigencias que establece la ley, como lo hacemos siempre en Extend, su ejercicio no tiene complejidades. Se consiguen acercamientos, se establece diálogo, se plantean puntos de vista, y se acuerdan temas. Es quizás más largo que por vías informales, pero tiene la garantía de la legalidad', explica Felipe del Solar, socio director del área de Asuntos Políticos y Legislativos de la empresa.
Ahora bien, las firmas mencionadas no son las únicas en definirse como lobistas. Hay otras, más pequeñas, como Strategika, parte del consorcio GHMC, que cubre 60 países; KREAB, firma de comunicación creada en Estocolmo y que tiene presencia en Chile desde 2017; Vital Comunicaciones, agencia especializada en gestión de prensa fundada por la periodista Margarita de la Guarda; KOM, que se especializa en gestión de crisis en el mundo privado en Chile y América Latina, y EK, ex Grupo Etcheverry.
Asimismo, hay abogados, periodistas y estudios que hacen lobby especializado en algunos temas, como Juan Pablo Olmedo, Laborda Abogados y Prieto Abogados.
Otras entidades, como por ejemplo Bomberos, Mitsubishi y la Polla Chilena de Beneficencia, tienen sus propios intermediarios y hay expertos especializados en medio ambiente y temas regionales. Igualmente, en varios ministerios llama la atención la gran cantidad de reuniones que han sido pedidas por empresas chinas.
Es un mapa amplio que, según las grandes empresas reconocen, 'ha sido ordenado por la ley'. De hecho, el año pasado la OCDE la calificó como 'la líder en este tema en América Latina'.
Pero a la vez creen que, tras diez años, hay mejoras que se deben hacer.
¿Cambios a la ley?
'Es indispensable eliminar la actual distinción entre lobista y gestor de intereses particulares, la cual no tiene razón de ser. Gestores y lobistas hacemos exactamente lo mismo', explica Ian Mackinnon, socio y director de Asuntos Públicos de Azerta.
Es una división que, para quienes firman como expertos en lobby en los registros, genera un posible tráfico de intereses.
En este contexto, una fuente del ramo explica que hay no pocos abogados que, pese a ser externos, firman como gestores de interés, sin ningún control. Y agrega que, hoy por hoy, los pasillos del Congreso están repletos de varias exautoridades empujando por una u otra ley, sin registro alguno.
'Se podría avanzar en mayores responsabilidades para quienes ejercemos el rol de lobistas, por ejemplo, estableciendo un registro habilitante con exigencias en materia de transparencia y rendición de cuentas', asevera Ignacio Charme, abogado y socio especializado en Asuntos Públicos de Nexos.
Para el abogado Guillermo Jiménez, de la UAI, 'la ley es extraordinariamente amplia y deja espacios de ambigüedad. En el informe de la OCDE, publicado el año pasado, definen la ley como muy buena, pero hacen recomendaciones. Como ampliar la definición de lobby. Y dan el ejemplo de Irlanda, donde se incluyen encuentros casuales, reuniones sociales, mensajes a través de redes sociales'.
Es el camino que les gustaría seguir a varias de las empresas que hacen lobby. Pero no así a los políticos. Varios de ellos, de hecho, creen que tendría graves consecuencias. 'Las reuniones bajo ley de lobby son a dos metros de distancia, con cuatro asesores tomando nota, y no sirven de mucho. El ambiente no es propicio para una convergencia política', dice uno de ellos.
Otro problema de la ley es que, según dicen, el Gobierno se demora mucho en responder y rechaza muchas reuniones.
'A este gobierno no le gusta el lobby', dice una fuente. '¿Por qué si no se van a meter a la casa de un lobista en secreto?'.
De hecho, según se informó esta semana, el Presidente Boric ordenó evaluar los registros de Ley del Lobby. Algo que ya resienten las empresas, que comentan que en las últimas dos semanas se les ha hecho cada vez más difícil conseguir reuniones.
Es una preocupación de la que se hizo eco Imaginacción en una declaración pública esta semana: 'Nos inquieta profundamente la manera en que estos acontecimientos podrían repercutir en el ya complejo escenario delineado previamente. Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo entre todos los actores'.
Recuadro
'El lobby es un instrumento de política pública que regula la cooperación público-privada como el motor del desarrollo de los países y del bienestar de las personas'. Claudia Miralles Gerenta de Comunicaciones Estratégicas de Imaginacción
'En Chile, si se realiza esta actividad de acuerdo a los estándares y exigencias que establece la ley, como lo hacemos siempre en Extend, su ejercicio no tiene complejidades'. Felipe del Solar Director de Asuntos Políticos y Legislativos de Extend
'Es indispensable eliminar la actual distinción entre lobbista y gestor de intereses particulares, la cual no tiene razón de ser. Gestores y lobbistas hacemos exactamente lo mismo'. Ian Mackinnon Director de Asuntos Públicos de Azerta
'Se podría avanzar en mayores responsabilidades para quienes ejercemos el rol de lobbistas, estableciendo un registro con exigencias en materia de rendición de cuentas'. Ignacio Charme Socio especializado en asuntos públicos de Nexos
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