Transición pacífica a la democracia, el caso chileno

7 Octubre 2019.

Intervención de Enrique Correa en el seminario homónimo, que consistió en un conjunto de ponencias expuestas a políticos, periodistas, analistas e intelectuales opositores de Venezuela. Invitados por el gobierno chileno.

Me han pedido que relate y, si es posible, que analice las relaciones entre civiles y militares en el periodo de la transición.

En verdad, y en rigor, se trata más propiamente de la relación entre políticos democráticos y militares.

En la centroizquierda chilena que se agrupó en la Concertación de Partidos por la Democracia y que tuvo como eje el entendimiento entre la Democracia Cristiana y los socialistas, la incomunicación con los militares fue total durante muchos años.

Probablemente, muy en el primer tiempo posterior al golpe militar la DC mantuvo relación con algunos generales e, incluso, algunos de sus militantes ocuparon cargos gubernamentales. Poco duró eso. La concentración del poder en Pinochet y la declaración muy importante de la junta, en orden a que no se trataba de un régimen militar de transición para reestablecer el orden y llamar elecciones, sino de un régimen que llevaría a cabo una revolución de largo alcance, convenció a la DC en su conjunto de que no cabía otra opción que combatir a la dictadura y buscar todos los entendimientos políticos con las fuerzas que se le oponían o la resistían.

Fue entonces una larga incomunicación de casi dieciocho años. La derecha, que también experimentó la cancelación de sus partidos, adhirió al régimen porque sintió que la salvaba del comunismo, por un lado y, por otro, que sus ideas serían las que orientarían el sentido doctrinario de la política.

Recién en la década de los 80 un sector de la derecha se abrió a un dialogo democrático para buscar caminos de retorno a un régimen institucional democrático. Esos contactos se plasmaron en el llamado Acuerdo Nacional, patrocinado por la Iglesia Católica y en el que participaron partidos de derecha, centro e izquierda. Un sector muy importante de la derecha no siguió ese camino y se mantuvo firme al lado del régimen, seguros de que protagonizarían una revolución de gran envergadura. En el plano económico fue así. Tanto, que muchas de las reformas de ese tiempo perduraron, no así en el plano político en donde no quedó piedra sobre piedra de la herencia del régimen político de entonces.

Los militares y los civiles que lo acompañaban consolidaron su poder al dictar una nueva Constitución, la de 1980, aprobada en un plebiscito con muy pocas garantías y menos aún transparencia.

En la vereda de al frente, esta consolidación del régimen fue respondida con una señal contundente de unidad de toda la oposición, encarnada en el liderato del Presidente Eduardo Frei Montalva -arduo opositor al gobierno del Presidente Salvador Allende- que ahora encabezaba una oposición en la que volvían a convivir la izquierda y el centro, luego de disputas que estuvieron en el corazón de la crisis de los 70.

Esto es lo que ocurría en la superficie. En el subsuelo de la realidad, la violación de los derechos humanos, los crímenes, los desaparecidos y los campos de concentración eran parte del horror que vivieron miles y miles de opositores.

Probablemente sea ahora el momento de hablar de otro actor que entró en juego: la Iglesia Católica. Su actuación en defensa de los derechos humanos es probablemente el mejor y más grande de los capítulos de su historia en nuestro país. El Cardenal Arzobispo de entonces, Raúl Silva Henríquez, ocupa un lugar en la memoria de quienes fuimos opositores a la dictadura tan importante como la de los presidentes Frei y Allende.

¿Por qué digo todo esto en una comparecencia en la que debiera hablar de la relación cívico militar? Porque estas son incomprensibles sin entender el trascurso de estas vidas paralelas, estas historias separadas del mundo militar y del mundo político de centroizquierda.

Los militares de entonces y un sector muy importante de los civiles que los apoyaban no tenían en sus planes un traspaso del poder a los civiles. En la Constitución de 1980 recién se preveían elecciones competitivas en el año 1998, dentro del marco de una democracia restringida o protegida.

Al otro lado, en el de la oposición, nadie pensaba en dialogar con la dictadura. Sólo se pensaba en ponerle fin. No sólo estaban incomunicados estos mundos, sino separados por la violencia del régimen en contra de sus opositores que llegó incluso al asesinato o intento de asesinato en el exterior de connotadas figuras contrarias a la dictadura. ¿Por qué lo digo? No para revolver la herida, sino para graficar lo lejos que estábamos entonces de cualquier acuerdo; lo divididos que estábamos hasta llegar al punto de no sentirnos parte de una patria en común.

Así las cosas, esta situación pudo haber durado para siempre. Una oposición tenaz, valiente y digna, pero débil, con el respaldo y protección de una institución poderosa como la Iglesia Católica y con el apoyo de la comunidad internacional.

Probablemente Chile fue el emblema de entonces, como antes fue Vietnam o mucho antes, la República española.

Como dije, todo habría seguido igual si no hubiera ocurrido lo último que esperaban los dirigentes de la dictadura: una crisis económica que reventó el sistema bancario y que hundió al país en la recesión, el desempleo y la incertidumbre.

El poder omnívoro de 1980 se agrietó. No cayó, no estuvo en peligro de caer, pero se agrietó.

Esa grieta abrió una oportunidad a la oposición para salir a la calle y levantar un movimiento de protestas que conmovió al país. No tuvo este movimiento una consecuencia inmediata, pero sí dejó claro que la dictadura no era el único poder en el país.

Estoy convencido de que sin esas protestas jamás la transición chilena habría sido posible. Un dato singular: no la iniciaron los partidos, sino la iglesia y los sindicatos, como en Polonia en tiempos del movimiento Solidaridad.

Una palabra más todavía sobre ese periodo. La gente en las calles, los cacerolazos y las iglesias tocando campanas, despertaron dos ilusiones: la del régimen que vio aparecer su peor temor, una insurrección y la de la oposición, que creyó que el derrocamiento parecía estar al alcance de la mano. Nada de eso era así, pero a partir de entonces ambos bandos fueron llegando a la conclusión de que no se podía seguir gobernando del mismo modo y de que, si bien la ilusión de una dictadura de más largo alcance se desvanecía, al otro lado las fuerzas no alcanzaban para echar abajo a los gobernantes de facto. Ni unos podían gobernar como antes ni los otros podían derrocarlos. Esas dos convicciones fueron la semilla de la transición.

Después, la historia es conocida. La oposición llega a la conclusión de que no basta la calle para terminar una dictadura, especialmente con la fortaleza que tenía la chilena y, por el lado del régimen, que el plebiscito previsto en la Constitución para 1988 debía tener mejores garantías que el de 1980.

En todo caso, a esas alturas aún los dos mundos seguían incomunicados. Con la excepción de un dialogo del ministro del Interior de entonces, Sergio Onofre Jarpa y la oposición que encabezaba las protestas, que fue breve y que no tuvo mayores efectos. Como también sabemos, el plebiscito de 1988 lo ganó el No y Pinochet acató los resultados.

Se trató de dilatar el reconocimiento de esta victoria por vía de la lentitud en la entrega de resultados oficiales, pero la oposición, que ya se llamaba Concertación, organizó un cómputo paralelo cuyos resultados fueron enviados a algunas personalidades como Sergio Onofre Jarpa y el Comandante en Jefe de la FACH, General Fernando Matthei. Ambos reconocieron, uno en televisión y el otro en declaraciones a periodistas el triunfo del No. En esa misma noche, el resultado fue ratificado y 24 horas después la ciudad se vio inundada por una celebración de una masividad inédita. No teníamos recuerdos de nada igual.

En esos meses se estableció por primera vez un punto de contacto, que derivó en la aprobación de las reformas constitucionales indispensables para hacer viable un cambio de régimen. Las negociaciones fueron interrumpidas por el dictador y sólo la voluntad de Patricio Aylwin y Sergio Onofre Jarpa permitió reanudar la negociación, unida al trabajo silencioso en favor del dialogo del entonces ministro del Interior Carlos Cáceres.

Después de la elección, las cosas cambiaron con un presidente electo y un gabinete de ministros nominados. Dos poderes frente a frente: el de las armas y el de la mayoría.

El traspaso de gobierno y la información (sólo la información) de las leyes que seguía aprobando la Junta Militar, órgano legislativo de entonces, permitieron y obligaron a que estos dos mundos tan separados, tan desconocidos el uno por el otro, se vieran las caras.

De un lado de la mesa estaban los titulares del poder dictatorial. Al otro lado los que fueron perseguidos, los que se opusieron dentro o fuera del país, a veces legales, otras veces clandestinos.

Era un dialogo entre los titulares de lado a lado, sin mediadores neutrales. Allí estaban los férreos dictadores y los fieros opositores.

¿Cómo hacerlo?

Creo que quienes íbamos a gobernar trabajamos sobre dos principios iniciales:

- Tendríamos el gobierno pero no el poder.

- Nos relacionaríamos con los militares como institución, no buscando complicidad con los más proclives.

Las instituciones y sus mandos se enfrentaron a una realidad inédita para ellos, tenían al frente un poder sin armas, pero que no podían derrotar.

¿Cuál es el primer intercambio de bienes en esta negociación?

La integridad de la institución militar, por un lado y por el otro, el derecho y la garantía de gobernar sin interferencias. Se cumplió, aunque con algunos altibajos. Hubo dos incidentes militares severos en el periodo que generaron dos efectos: estimularon el temor de la gente a un retorno a la dictadura y, paradojalmente, al otro lado se demostró que el poder militar tenía límites, que podía asustar, pero ya no interrumpir más el curso de las cosas.

El régimen civil había llegado para quedarse.

¿Qué problemas tuvo este tránsito?

Uno fue la permanencia del general Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército. Hay quienes dicen que esa situación fue una ayuda a la transición. No pienso lo mismo. Pinochet, su poder y los intereses de su familia se fusionaron con los intereses de la institución militar propiamente tal. Un segundo problema consistió en que por un tiempo los mandos militares siguieron siendo actores políticos y su retorno a la función institucional fue muy lento. Algunos elementos de la Constitución de entonces lo favorecieron, como la inmovilidad de los comandantes en jefe, la subsistencia de senadores designados y la existencia de un Consejo de Seguridad Nacional que podía autoconvocarse y en el que los comandantes en jefe tenían la misma voz y el mismo voto del Presidente. Recién en el gobierno del Presidente Lagos esas instituciones desaparecieron.

Ahora mencionaré una pugna y una discrepancia.

La pugna.

El Presidente buscaba intervenir cada vez más en los asuntos militares, con facultades muy limitadas, pero que ejercía con gran energía. Este asunto de los ascensos militares fue manejado con mucho cuidado y mucha conversación.

Una discrepancia profunda respecto de los derechos humanos . En contra de lo que muchos dicen, los derechos humanos jamás fueron parte de una negociación con los militares. Al revés, el Presidente resolvió constituir una Comisión de Verdad y Reconciliación que investigara y diera a conocer la violación de los DD.HH., que promoviera la reconciliación y que procurara la justicia en la medida de lo posible, en palabras del propio Presidente Aylwin.

En un primer momento el Ejército por la vía de uno de sus voceros de entonces, el general Jorge Ballerino, quiso negociar el cometido de esta comisión a través de una fórmula que llamó “la verdad innominada”, de modo tal que se conocieran los crímenes, pero no el nombre de sus autores. Tal pretensión era imposible. El Presidente invitó a La Moneda a los comandantes en jefe para explicarles e informarles su decisión de constituir esta comisión y sólo el Comandante en Jefe de la FACH lo apoyó.

Este asunto no deja de ser singular, porque el Presidente impuso su criterio, los militares se opusieron y las cosas fueron como las decidió el Presidente. Las cosas habían cambiado.

Hablé hace un momento de dos incidentes militares del primer gobierno, uno llamado Ejercicio de Enlace y el otro, Boinazo.

Si bien ambos fueron revestidos de propósitos institucionales, tenían por objetivo la defensa de un hijo del General Pinochet, involucrado en un asunto de unos cheques destinados a compras militares. Por eso dije que la identificación de Pinochet y sus intereses con los intereses de su institución convirtieron su permanencia en la comandancia en jefe en una dificultad.

Si bien la Constitución le asignaba su mando hasta 1998, solo en dos momentos Pinochet ofreció un acortamiento de ese tiempo. El primero, cuando la situación de su hijo alcanzó riesgos legales importantes y otro, en una conversación más reservada en la que indagó la posibilidad de una segunda ley de amnistía, lo que era políticamente inviable.

Dos asuntos, probablemente llamaron la atención de los mandos militares de entonces. Uno, que el gobierno se batía con éxito en el combate de grupos terroristas de izquierda que logró desarticular sin recibir ni pedir asistencia a los servicios de inteligencia militar. Otro es que, crecientemente, los gobiernos de la Concertación hicieron suya la doctrina de la disuasión y estuvieron en favor de mantener fuerzas militares potentes y bien equipadas.

Ni anti armamentismo, ni tolerancia con el terrorismo de izquierda desafiaron los estereotipos que los militares de entonces tenían de la izquierda.

En el segundo gobierno de la Concertación se daría el último episodio de fricción con los militares, la detención de Manuel Contreras, jefe de la Dina. Esta fue resistida por un tiempo y finalmente acatada. Pinochet dejó la comandancia en jefe y se transformó en senador designado. De inmediato, por el comandante en jefe que lo sucedió, el General Ricardo Izurieta las cosas cambiaron y la relación se volvió más y más institucional. Ese cuadro se consolida con la comandancia en jefe del General Juan Emilio Cheyre y con las reformas constitucionales del Presidente Lagos. Después de Lagos y Cheyre las cosas habían cambiado definitivamente.

Un asunto curioso. El Presidente Lagos era el primer Presidente de izquierda después de Salvador Allende. Cuando su elección era inminente, se notaba la inquietud en los altos círculos militares. El general Cheyre, en ese tiempo coronel, y agregado militar en España, con apoyo del gobierno español, el entrante Partido Popular y el saliente del PSOE, organizó un diálogo entre Lagos y miembros y asesores de los mandos militares y algunos consejeros civiles, en la que se conversaron y se compararon experiencias de medidas de confianza mutua.

Fue probablemente la última reunión política entre militares y civiles.

En adelante el ejército se dedicaría cada vez más a sus funciones y labores propiamente institucionales, dejando la política a quienes corresponde. La institución ha tenido, en el último tiempo, otros problemas también delicados y graves, pero no relacionados con temas ajenos a los cometidos constitucionales propio de la institución. Bien por la democracia chilena.