Enrique Correa Ríos

Presidente Imaginaccion Consultores / 21 de octubre 2020

 Política o violencia 

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Estamos en vísperas del plebiscito. No hay dudas que ganará el apruebo. Lo más probable es que se imponga la fórmula convención constituyente, sobre la de convención mixta por una ventaja menor.

 

¿Cuáles son entonces las dudas? La más importante e inquietante, ¿cuántos votarán?, ¿Cuánta abstención tendremos? Si bien la validez, legitimidad legal y vinculante no depende de la abstención, sí depende su fuerza política. De algún modo hay dos votaciones superpuestas, aquella del apruebo y del rechazo y aquella de los que votan o no votan.

 

El plebiscito es una estación esencial del itinerario generado por el acuerdo político de noviembre. Acuerdo que cumplió el rol de contener la violencia y abrir un camino institucional de salida a la crisis chilena. El plebiscito es el antídoto a la violencia y también su antítesis. Si la participación es alta, ese acuerdo habrá logrado su propósito y el país avanzará por un camino y un calendario predecible. Si la abstención es alta, los niveles de incertidumbre aparecerán en el horizonte. La responsabilidad de las fuerzas políticas por resguardar ese proceso que partirá precario si la abstención es alta será muy importante.

 

Lo mejor sería, si esa es la situación, una abstención alta, que esta fuera un incentivo a los acuerdos. Si no fuera así y después del plebiscito se elevará el clima de confrontación, el proceso político en su conjunto podría verse muy dañado.

 

Si, por el contrario, la participación es mayor, en un plebiscito en que gane el apruebo, se abrirá un proceso en serio de reformas a la constitución con más apoyo y legitimidad. Un plebiscito precario por la abstención abre un tiempo de inestabilidad. Un plebiscito con respaldo y alta participación contribuye a una salida más estable.

 

Sin lugar a dudas, un triunfo alto del apruebo será interpretado como un triunfo de la oposición. Sin embargo, la posición en favor del acuerdo de sectores amplios de la derecha permitirá interpretar el resultado de un modo más trasversal.

 

Sin perjuicio del derecho a celebrar de los ganadores, interpretar el resultado y sus proyecciones como un juego de vencedores y vencidos no son correcto, no se ajusta a la realidad.

 

El camino que viene es largo, tiene muchas vueltas y se abre un calendario electoral intenso con resultados más inciertos.

 

Tengamos en cuenta, además, que ni la derecha logró agrupar a toda su gente tras el rechazo, ni la oposición logró construir un comando unificado tras el apruebo.

 

Los sectores más duros o más doctrinarios de la derecha afirman que un gran triunfo del apruebo será el comienzo de una aplanadora electoral de la izquierda, nada indica que así serán las cosas.

 

El escenario base chileno hoy, según las encuestas, es el de un país que demanda cambios, que tendrá una nueva constitución y que tiene como carta presidencial favorita a un candidato de derecha. Los escenarios base pueden cambiar en el tiempo que viene. Pero ese es el país de hoy.

 

Probablemente sea bueno evocar un viejo debate. La sociedad chilena se volvió más demandante, más exigente, más intolerante al abuso y a la desigualdad. Ello no quiere decir, necesariamente, que la sociedad haya girado a la izquierda. Más bien vivimos en una sociedad socialmente exigente, pero políticamente moderada. No por nada ganó Piñera por segunda vez.

 

La gente no reclama grandes revoluciones, sino pugna por el acceso de bienes públicos de calidad, salud, pensiones, salarios, educación, vivienda, etcétera. Cuando la sociedad se estanca y el ritmo de crecimiento se vuelve mediocre, el acceso a esos bienes públicos de calidad se vuelve más difícil, más fatigoso, por no decir imposible para los más vulnerables. El acceso desigual a esos bienes (educación para ricos, educación para pobres, salud para ricos y salud para pobres, etc.), produce una inmensa irritación. Una sensación de injusticia y una percepción cotidiana de desigualdad. Este es el quid del asunto. Leerlo bien y resolverlo bien es el desafío de la política chilena si quiere construir una nueva estabilidad.

 

Creer que galopando a la izquierda, desertando del centro es el camino, es el peor error que puede cometer la oposición. A su vez al frente, creer que atrincherándose en sus valores más históricos la derecha se fortalece, no parece una buena idea.

 

La disputa está en el centro, los protagonistas de la crisis social son los sectores más vulnerables de la clase media y el destino del país, de algún modo, se juega en resolver su demanda por bienes públicos de calidad.

 

Esa es la clave del asunto.

 

Si la izquierda lo entiende así sus posibilidades aumentan, si la derecha sigue soñando con su programa original que se lo llevó el viento, perderá terreno.

 

Otra duda en relación al plebiscito es la violencia que ha ido en aumento de nuevo. Lo que ha ocurrido en estos últimos fines de semana y en estos mismos días es preocupante, pero también singular y hay que mirarlo con atención.

 

A raíz de la extremada violencia del fin de semana pasado, la imagen de la torre de la iglesia cayendo en llamas quedará por mucho tiempo en la memoria colectiva, el rechazo a la violencia se volvió trasversal. Los intereses del mundo político de centroizquierda son divergentes e incluso antagónicos con los grupos violentos. Atrás quedó el endiosamiento de la primera línea. Hoy los que queman iglesias, asaltan comisarías, saquean el comercio, dicen con claridad, con la claridad de su violencia que no quieren plebiscito, que no buscan una salida democrática, sino la prolongación del enfrentamiento y el debilitamiento extremo del Estado. Los que quieren un plebiscito con alta votación en el que triunfa el apruebo, no tienen otro camino que condenar la violencia y apartarse de los grupos que la practican.

 

Más a fondo todavía, la violencia es un fenómeno similar al de la violación de los derechos humanos, no admite contexto, ni razón que la justifique, sólo hay dos opciones, ejercerla o condenarla.  Es difícil construir sociedades democráticas, estables, conviviendo con la violencia y es difícil también aceptar su justificación con argumentos compasivos.

 

Sin embargo, la otra cara de la violencia es la crisis policial, el deterioro de la policía uniformada no es consistente con la estabilidad democrática. En la Araucanía la violencia se extiende y se hace cotidiana, sin que sus redes sean detectadas y sin que sus planes sean anticipados. En Santiago no puede ser que para restablecer el orden sea necesario dañar los globos oculares de tantos y empujar a un manifestante al río. Además de brutal, no es profesional.

 

Requerimos de un gran acuerdo de la reforma policial, que modifique profundamente su estructura. Que cree un ministerio de seguridad que la controle y la subordine. Que dote a la institución de servicios de inteligencia con estándares internacionales y una fuerza anti disturbios de alto profesionalismo. Los dirigentes políticos de ambos lados empiezan a concordar esa reforma. Bueno sería que la institución policial considere a la reforma un beneficio y no una agresión.

 

Pasado el plebiscito se abrirá un calendario electoral que tendrá dos caras. Una, la que conocemos, la elección de alcaldes, concejales o gobernadores. Otra, que no conocemos, la elección de convencionales. En el primer género de elecciones, el que conocemos, la derecha va unida y la oposición dividida.

 

Negativo el cuadro electoral para ese sector, porque hace difícil elegir gobernadores y un poco más difícil elegir alcaldes. Sin embargo, por otro lado, puede abrirse un nuevo campo de oportunidades, si toma fuerzas y gana cohesión, el pacto de los partidos originados en la Concertación y se construye un conglomerado electoral más al centro. Si este campo político se consolida, podría contener a Lavín en su esfuerzo por ocupar el centro. Por otro lado, se tensiona el Frente Amplio entre quienes buscan ser parte de un polo de izquierda con el PC, quienes quieren alguna convergencia con la centroizquierda.

 

Los resultados electorales de este proceso son inciertos.

 

Vamos a la otra cara del calendario electoral, la elección de convencionales. Es inevitable que en esa campaña circulen y se debatan los asuntos de fondo que están presentes en el debate constitucional.

 

Digamos primero que la convención constituyente, si esta fuera la más votada, no es similar a otras asambleas constituyentes del continente. Aquellas, la de Ecuador, por ejemplo, asumieron la totalidad del poder soberano. Esta, la chilena, según los acuerdos de noviembre, tiene una misión acotada. Redactar una constitución en un plazo determinado.

 

Digamos también que la expresión hoja en blanco como punto de partida de la discusión constitucional es una frase relativa. En el plebiscito de 1989 se elevó en el artículo quinto de la constitución, a rango constitucional los tratados internacionales suscritos por Chile. En un país pequeño, con economía abierta y con fuerte dependencia de la comunidad internacional y sus mecanismos multilaterales, dejar atrás esos tratados es inviable. A su vez, estos tratados garantizan la vigencia de un rango muy amplio de derechos humanos y el derecho de propiedad.

 

¿En qué se concentra la discusión?

 

Un primer asunto será el Estado, no creo que subsista la definición de Estado subsidiario. Será reemplazado por otro apelativo, como estado social de derecho o simplemente la constitución hablará del Estado a secas, sin apellido.

 

Este debate está vinculado a la ampliación de derechos en materia social. A diferencia de otros procesos constituyentes en nuestra historia y en la de otros, los cambios constitucionales fueron producto de conmociones políticas, en este, en nuestro caso el proceso constituyente se originó en una conmoción social, difícil entonces es que no se anoten nuevos derechos sociales en la constitución. El modo de cómo ello se haga, si son autoejecutables o requieren de una ley para ser efectivos, será el punto clave de esa discusión. Probablemente en este punto, el de los derechos sociales, sea bueno examinar lo que nos ha pasado y a partir de ese examen dibujar lo que podría ser un nuevo acuerdo nacional de largo plazo (como el de los 90). Estos meses de estallido social y pandemia nos han demostrado que nuestra principal fuerza, nuestro punto fuerte, está en la economía que ha permitido hacer frente a la crisis, afectándose pero no derrumbándose y al frente de ello nuestra principal fragilidad es nuestra sociedad, empobrecida dramáticamente en unos pocos meses.

 

El acuerdo que podría cimentar nuestro futuro y dar sustento a los cambios constitucionales, sería mantener y fortalecer todo lo que hace fuerte a nuestra economía, especialmente sus instituciones (Banco Central autónomo, sistema financiero sólido y profundo, apertura económica y regla fiscal) y junto con ello dar paso a la creación de un Estado de Bienestar que entregue la protección a los más vulnerables. Este poder, fortaleza económica y estado de bienestar, podría inspirar y sustentar el nuevo capítulo de derechos sociales de la constitución.

 

El debate estará también marcado por la discusión de un nuevo régimen político que seguramente atenuará el presidencialismo o irá directamente, a la creación de un régimen semipresencial, que aumente las facultades del Parlamento.

 

No sabemos cuál será el acuerdo, pero habrá cambios en este terreno.

 

Valga la pena decir que le presidencialismo, el estado unitario y la administración centralizada de las finanzas públicas ha sido la clave de nuestra viabilidad y nuestra estabilidad. Probablemente el resultado de esta discusión sea una distribución nueva de facultades entre el Presidente y el Parlamento y un cambio que equilibre regionalización y estado unitario y manejo centralizado de las finanzas públicas. De todo este puede ser el campo con experimentos de más alto riesgo. En los momentos de bonanza es bueno distribuir sus frutos a todas las regiones, en momentos de crisis es bueno tener una autoridad centralizada y poderosa.

 

Ese será el quid del equilibrio.

 

Otro debate será el de los quorum para legislar. Hoy vivimos en una especie de democracia asociativa, con alto quorum para el cambio y con fuertes incentivos al estatus quo. Probablemente tendremos que avanzar a un tipo de convivencia democrática más regida por los principios de mayoría. Probablemente este sea el asunto más discutido y negociado entre los constituyentes. Los dos tercios obligatorios para aprobar las reformas obligarán a un acuerdo equilibrado en estas materias, reducción de los altos quorum para asuntos esenciales y principios de mayoría para la generalidad de las reformas.

 

Un asunto también importante en la discusión será el derecho de propiedad, que dará ocasión a más de alguna discusión doctrinaria, pero terminará concentrada en el estatus actual de la propiedad minera y la propiedad del agua. Probablemente más atenuada en minería, por la existencia de Codelco, una gran empresa estatal, y más aguda en el agua, por la lucha de intereses entre minería, agricultura y energía y por el fortalecimiento del derecho prioritario del consumo humano.

 

Los temas de la discriminación, los derechos indígenas y el medioambiente, serán grandes temas que concitarán más acuerdos que desacuerdos y modernizarán fuertemente nuestro texto constitucional.

 

En todos estos asuntos serán necesarios los acuerdos y el desarrollo de un sutil equilibrio sustentado en un buen ejercicio del talento político.

 

Son estos años inciertos, especialmente porque caminamos por un estrecho sendero, franqueado por la pandemia de un lado, derivada en endemia alta en casos hasta la vacuna, y de crisis económica y su vertiente más dura, el desempleo.

 

Estrecho sendero que deja poco espacio a las grandes contiendas e incentiva a los acuerdos frente a los grandes peligros.

 

Tenemos que enfrentar riesgos también de mediano plazo, la mediocridad en la economía, la decadencia de la política, la naturalización de la violencia.

 

Tenemos que tomar también grandes acuerdos, mantener la fortaleza de nuestra economía y avanzar en un estado de bienestar y en un segundo piso de esos acuerdos para equilibrar el crecimiento con los cambios tributarios indispensables que tendremos por delante una vez superada la emergencia.