Por Ignacio Imas, Gerente de Asuntos Públicos, Imaginaccion Consultores

6 de mayo 2022

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La aprobación en 2014 de la Ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios públicos, marcó un antes y un después en la actividad. Chile se convirtió en uno de los escasos países del mundo en regular el lobby, dotándolo, a través de un marco normativo, de mayor transparencia y probidad respecto de qué se considera legítimo y qué no.

 

Sin embargo, pese a este sustantivo avance por regular la actividad del lobby y “purgarla” de injustas distorsiones y odiosos prejuicios, toda política pública debe estar en constante revisión. El modelo político, social y económico se está rediseñando a través de la Convención y el actual gobierno, y nuestra actividad no puede quedar marginada de esta nueva realidad que además nos interpela. El lobby es un incuestionable aporte para una democracia participativa, y es así como debemos mejorar estándares.

 

En esa línea, resulta recomendable avanzar en la modernización de la Ley de Lobby, materia que se debate desde hace un par de años en torno a falencias y oportunidades de mejora que tiene la normativa vigente.

 

Abrir el proceso de formulación de políticas públicas, hacer el proceso lo más justo e inclusivo posible, facilitar la participación de las partes interesadas en las diversas fases del ciclo de políticas de manera inteligente y procurar la rendición de cuentas de todos los actores (autoridades y lobbistas), son algunos de los desafíos más importantes que se deben considerar al momento de pensar en discutir la regulación del lobby y mejorar, de esta forma, la visión que la sociedad tiene de esta actividad.

 

Chile ya tiene regulado lo referido a agendas públicas de distintas autoridades, pero todavía mantienen un saldo en lo relativo al Registro de Transparencia. Si bien existe la posibilidad de registrarse como lobbista, en la práctica esto tiene un carácter de voluntario y no incluye a empresas o instituciones mandantes. Asimismo, se debe avanzar en lo que se llama la “huella legislativa”, que es la participación de distintos actores en la generación de una ley. Por último, la obligación está básicamente en el tomador de decisiones públicas y no en quienes ejercemos la actividad, y para qué decir de las sanciones.

 

También resulta clave contar con una autoridad independiente que vele por el correcto funcionamiento del proceso. En este acápite, las experiencias internacionales son variadas. Una versión ideal sería dotar a nuestro Consejo para la Transparencia de nuevas funciones en esta materia. Ya conocemos cómo ha trabajado en esta área, de manera autónoma del gobierno, con una función proactiva, además de promover la educación y proporcionar directrices.

 

Si se analiza a la sociedad de hoy, un factor que predomina es la desconfianza que tiene en instituciones que son fundamentales para la democracia, como el sistema de justicia, las policías, el Congreso y el propio gobierno, desde donde emanan políticas públicas que pierden legitimidad ante la ciudadanía, dañando profundamente la democracia. El lobby representa una actividad fundamental para incluir a las personas en el proceso de elaboración de políticas públicas, por lo que avanzar en perfeccionar el marco normativo que regula la actividad es, más que un anhelo, una necesidad.