Fondo de Infraestructura: una solución, sin dejarse seducir por la tentación
16 febrero, 2016
Por Carlos Cruz, Gerente de Diseño de Negocios Imaginaccion
El argumento a favor de crear una entidad especializada en facilitar la inversión en infraestructura es sencillo. A través del presupuesto fiscal, con sus métodos tradicionales, no hemos sostenido niveles de inversión satisfactorios para mantener la competitividad que se alcanzó a principios de los 2000. De hecho, ésta ha disminuido en términos comparativos, según el Foro Económico Mundial, desde la posición 27 a la 33. La disminución se debe, en buena parte, al deterioro en los indicadores de infraestructura, que pasó de la posición 35 a la 49 en la última década.
Hay temas que el Gobierno, al hacer su propuesta para el Fondo de Infraestructura, deberá considerar. En primer lugar -para crecer y mejorar nuestra competitividad- necesitamos invertir más en infraestructura y los mecanismos presupuestarios tradicionales no han sido capaces de lograrlo. En este sentido, es importante considerar al Fondo como un instrumento que permite incrementar la inversión privada en infraestructura pública, facilitando garantías para proyectos que demandan significativos períodos de maduración.
Hemos propuesto que los activos de este Fondo sean los derechos del Estado de Chile que generen las relicitaciones de obras ya concesionadas, en condiciones equivalentes de tarifas y otros compromisos operacionales a las que imperan en esas concesiones en la actualidad. Un ejemplo de esto es el caso del aeropuerto de Santiago, el que por su relicitación generó un beneficio a favor del Estado de más de 3 mil millones de US$, en valor presente.
En tercer lugar, es conveniente que la institución que se haga cargo de administrar este instrumento cumpla con ciertas condiciones: independencia de su directorio, el que deberá tomar decisiones con visión de largo plazo; además, debiera estar separada de la institucionalidad del gobierno, de modo que su patrimonio esté garantizado por Ley y no por una asignación presupuestaria. Asimismo, debiera tener como mandato cautelar los recursos que el Estado de Chile ponga a su disposición. Como propone Rossana Costa, una institución independiente del gobierno de turno, que pueda ser supervisada por la SBIF o por la SVS, con lo cual aumentan las garantías de transparencia y buen uso de los recursos del Estado.
Un cuarto elemento a tener presente en esta discusión es definir el tipo de operaciones que puede hacer el Fondo. Lo más razonable es que una institución de estas características no transfiera subsidios por cuenta del Estado. Esta debiera ser una función del Ministerio de Hacienda y los subsidios, si los hubiera, debieran incluirse en el perfil de retornos de los proyectos que sean garantizados a través de este mecanismo. De esa manera se evita poner en riesgo el patrimonio de la institución y la calidad de los proyectos que se garanticen.
Como se puede apreciar, son varios los temas que bien vale la pena discutir. Tenemos que buscar las mejores propuestas que ayuden a construir un instrumento que incentive la inversión privada en infraestructura de modo que el país pueda retomar el ritmo que ésta tuvo.
Publicada en diario La Segunda.
