ESCUCHAR EL CLAMOR CIUDADANO
17 enero, 2020
El desplome del Presidente, con un 6% de aprobación y un 82% de desaprobación que dio a conocer la Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), traspasa todos los márgenes históricos desde el retorno de la democracia y pone al Ejecutivo en un trance altamente complejo para enfrentar un 2020 eminentemente electoral. La muestra – cuyo trabajo de campo realizado entre el 28 de noviembre y el 6 de enero, se efectúa de manera presencial, a nivel nacional y refleja las percepciones a nivel urbano y rural– muestra los efectos del estallido social y revela, entre otros datos relevantes, que todos los personajes políticos bajan su evaluación positiva y la gran mayoría lo hace sustancialmente. También se destaca la pérdida de confianza en todas las Instituciones, donde Carabineros lidera esta devaluación con una caída de 20 puntos porcentuales, lo que es concordante con que un 64% piensa que dicha institución violó los Derechos Humanos “muy frecuentemente o frecuentemente” durante la crisis, seguidos por la Iglesia Católica que cae 17 puntos y las Fuerzas Armadas que baja 16 puntos. Respecto de la actuación de personajes o instituciones durante la crisis, el peor evaluado con un “muy mal o mal” es el Presidente Sebastián Piñera, con un 81%. Entre las razones más importantes por las que se habría desatado la crisis social, en primer lugar aparece la alta desigualdad de ingresos con un 38%, en segundo lugar las bajas pensiones con un 16% y el alto costo de la vida con 16%. Además, la lista de las personalidades políticas peor evaluadas es encabezada por la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, que cayó 28 puntos marcando una evaluación positiva dramática de un 8%. Razones no faltan para este resultado, con una autoridad cuya gestión ha estado marcada por la criminalización de los movimientos estudiantiles (Proyecto Aula Segura, etc.), y que fue rubricada por una inacción total frente a las tomas y hechos -anunciados por los jóvenes dirigentes con bastante antelación- que llevaron a la suspensión transitoria y nuevas fechas para la PSU en diversos establecimientos sede, para las pruebas de matemáticas, ciencias y lenguaje, y la suspensión definitiva del test de historia.
Por otro lado, un 67% aprueba contar con una Nueva Constitución y un 56% cree que una nueva Carta Fundamental probablemente ayude a resolver los problemas. En tanto que un magro 13% la rechaza.
En el complejo escenario que se ido configurando desde el 18 de octubre, el Gobierno continúa en su esfuerzo por retomar la agenda y cumplir con sus compromisos. En ese marco, el Presidente Piñera presentó a la ciudadanía en Cadena Nacional, el proyecto de Pensiones del Ejecutivo. Más allá del detalle, dicho proyecto, contempla un aumento del 6% de la cotización, donde un 3% irá al fondo individual y el otro 3% a un Fondo Solidario, idea a la que el oficialismo se había opuesto tenazmente hasta antes de la crisis. Además, en su discurso el Mandatario suscribió dos promesas relevantes: que ninguna pensión quedará por debajo de la línea de la pobreza y que los pensionados que hayan cotizado por 30 años o más obtendrán un monto por encima del salario mínimo actual ($301.000). Habrá que ver cuál será el curso que siga el proyecto, el que durante su trámite legislativo seguramente sufrirá diversas modificaciones y para el que habrá que llegar a acuerdos que retrasarán su despacho, a pesar de la solicitud del Presidente a los parlamentarios, de dar prioridad a su discusión para poder comenzar a pagar las pensiones mejoradas en marzo o abril próximo. La noticia fue opacada horas después por los lapidarios resultados de la CEP, que sancionan un cuadro que revela, entre otros, los siguientes elementos:
Clave 1: En un país presidencialista como Chile, el 6% de apoyo al Presidente se transforma no sólo en un dato histórico, sino que en una dramática señal para un Gobierno que requiere imprimir correcciones urgentes que le permitan conducir los próximos dos años de gestión que le restan. Los resultados de la encuesta CEP transparentan la mala percepción ciudadana respecto del actuar del Gobierno en su conjunto durante la crisis y una pérdida de confianza que, a estas alturas, parece no encontrar un camino de retorno. A pocos días del término del año legislativo, el Ejecutivo presiona a los parlamentarios para sacar adelante -antes del receso- proyectos de ley que forman parte de la Agenda Social que presentó el Presidente Piñera tras el estallido social. Una tarea compleja que debiera evaluarse profundamente en La Moneda, en momentos en que lo razonable parece ser escuchar de verdad y de fondo a una ciudadanía que deja muy en evidencia que –más allá de los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo- no logra logra reconectarse con ella.
Clave 2: El complejo escenario que se configura para el Gobierno es un claro llamado a repensar lo que la ciudadanía aspira o espera. No obstante, el oficialismo, tras la presión de la UDI sobre sus socios, lejos de actuar en concordancia con lo que indican los guarismos, ha logrado reordenarse en torno a los dictados y parámetros de una derecha tradicional, que no quiere cambios y que reclama que tras el estallido social se hubiese asumido y priorizado las temáticas que ha planteado la izquierda chilena. Lo cierto es que el despertar que ha tenido Chile -que se refleja en todos los estudios y particularmente en esta encuesta que hasta hace pocos años era considerada la “madre de todas las encuestas”- constituye un claro llamado a realizar cambios que son necesarios, que no pueden seguir esperando y que se transforman en algo así como condición y piso básico para retomar los caminos de normalidad institucional que tanto se necesitan en estos días.
Clave 3: El principal riesgo de un gobierno que exhibe alarmantes cifras de bajo apoyo, es perder legitimidad frente a la ciudadanía y proyectar una debilidad que puede alentar aún más a sectores anti sistémicos. Si bien el país enfrenta un escenario de disminución de las manifestaciones del movimiento social, ello es explicable más por el comienzo del período de vacaciones que por otra cosa. La Moneda cuenta con un limitado tiempo político y comunicacional que le permita reposicionarse de mejor manera en el actual contexto. Para ello necesita del concurso y compromiso de todos los actores, especialmente en momentos en que tienden a aumentar las inaceptables acciones de violencia en diversas comunas, con un alto número de ataques a Comisarías de Carabineros, lo que sin duda desprestigia al movimiento y sus propósitos de cambios sociales.
Clave 4: A diferencia de lo que exige el actual cuadro, el Gobierno sigue proyectando desorden, particularmente, con el tema del Big Data, que fue levantado tratando de dar sentido a la teoría del “enemigo externo”. Lo cierto es que, lejos de sustentar el argumento, lo que se ha ido haciendo es ensanchar el margen de dudas. En primer lugar, sobre la utilidad del Informe. La Moneda insistió en su relevancia, aun cuando el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, señaló que “por ahora no hemos encontrado ningún valor” al Informe. Pero además, surgieron fuertes ruidos por el rol de Quiñenco -holding de inversiones cuyos dueños son la familia Luksic- y la relación del Ejecutivo con un privado que, además, afirma haber actuado solo como puente de contacto, descartando tanto conocer cómo se habría pagado por el Informe en cuestión.
Clave 5: Cuando se reinicie la dinámica política en marzo, se dará también la partida a un año eminentemente electoral. Primero, un plebiscito de entrada para una nueva Constitución. Segundo, de aprobarse habrá que elegir a los constitucionalistas encargados de su redacción. Y, por último, un plebiscito de salida para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional. A ello habrá que sumar la elección de Gobernadores (por primera vez en Chile), y de Alcaldes y concejales con sus respectivas primarias. Si bien la crisis social demostró que el aparente desinterés que se reflejaba en el universo de votantes y en los estudios de opinión pública no era tal, el número de eventos de este año pone a prueba la capacidad de convocatoria, con una clase política desprestigiada y voto voluntario. Pero, lo más complejo para el Gobierno será enfrentar la posible desvinculación de los candidatos de su propio sector dentro en el marco de la contienda electoral, especialmente considerando la bajísima adhesión ciudadana que ostenta el Ejecutivo.
Clave 6: La oposición por su parte, no se salva de la mala evaluación pública. Sin duda, el sector cosecha los efectos de su actuar en estos meses de estallido social, donde no ha logrado tener alguna influencia real en la coordinación y desarrollo del movimiento. Ejemplo de ello han sido los esfuerzos del Partido Comunista que -a contrapelo de sus propósitos- no ha podido incidir en el movimiento. De hecho, los grupos más vinculados a las protestas se separaron de la Mesa de Unidad Social, ya que se oponen a todo tipo de diálogo o negociación con el Gobierno, lo que hace inviable la búsqueda de un camino de consenso o acuerdo como salida para esta crisis social. Por otro lado, las funas a la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, al diputado Gabriel Boric y al Senador José Miguel Insulza, comprueban la radicalidad de un movimiento anti sistémico, fuera de los partidos, sin conducción conocida y altamente intolerante.
Clave 7: Los datos a la mano indican que existe una ciudadanía que, apoyando las demandas, prioriza que éstas se realicen a través de una política de acuerdos y que, mayoritariamente, consideran que el Gobierno debiera dedicar su mayor esfuerzo a solucionar los problemas de pensiones, salud y educación. Esa es la demanda y el desafío que tienen hoy el Gobierno, Chile Vamos y también la oposición: escuchar el clamor ciudadano y recuperar los cauces naturales de nuestra institucionalidad democrática.
