27 julio, 2018

​

Qué repercusión tendrá en países como Chile la llamada guerra comercial entre China y EEUU, si esto afectará el precio del cobre, las exportaciones del país o si tendrá influencia en el crecimiento económico son algunas de las preguntas que rondan entre los especialistas. Ya en la jornada de ayer se conoció que la agencia de calificación de riesgo Mooly’s Corporation bajó la clasificación de Chile de “Aa3” a “A1”, por el gradual deterioro de su perfil crediticio. El análisis de esta temática está puesto a la orden del día en momentos en que, una vez más, se pondrá a prueba el efecto demoledor que pueden tener los conflictos entre las potencias en un mundo globalizado en el que -al igual que un castillo de naipes- lo que acontece en una parte tiene consecuencias en el todo.

Lo anterior constituye parte del escenario estructural o mar de fondo en el que se debe proyectar la dinámica de Chile que, no obstante, sigue inmersa en un Gobierno que mide sus actos cotidianos en función de las encuestas y en el que, paralelamente, ocurren irrupciones sociales –como el movimiento feminista- que ponen a prueba liderazgos, actores, partidos y al propio Ejecutivo.

​

Clave 1: LAS ALMAS GUBERNAMENTALES: Se ha hecho una costumbre comentar las salidas de libreto de algunos ministros y la posterior confirmación de las confianzas presidenciales en ellos, como es el caso de los titulares de Educación y Economía. Desde esa perspectiva, estos episodios parecen meras impericias de actores que están llamados a ser extremadamente responsables de sus actos y dichos. Sin embargo, una mirada más profunda nos lleva a preguntarnos si lo que hay detrás de estos episodios es más que una simple sucesión de hechos casuísticos.

​

El Comando Jungla anunciado por el Presidente con integrantes preparados en la lucha antiguerrillera en Colombia, ¿calza con los esfuerzos por poner de acuerdo a todos los actores para una salida pacífica en la Araucanía?, o las evidentes contradicciones al interior del Gobierno sobre materias valóricas, ¿no están reflejando sensibilidades que están muy lejos de ser meros errores de forma?

​

• Parece atingente preguntarse por el significado del “sello social” y en torno a cuanto se está dispuesto a avanzar en lo que hasta hoy asoma como un buen discurso. Sería conveniente clarificar si más allá de la interpretación tradicionalmente asistencialista o compasiva, se busca atender y hacerse cargo de las inquietudes de la sociedad en su conjunto, en particular de los sectores que, por diversas razones, han sido discriminados, y generarles condiciones de vida en igualdad de derechos y armonía con el resto, como el caso de las minoría sexuales y el movimiento feminista.

• Con todo, esta indefinición se expresa no solo dentro de los partidos de Chile Vamos,  sino dentro del propio Gabinete, como parecen indicar las “salidas de libreto” de algunas autoridades.

• Se hace evidente que al interior del gobierno hay enfoques, sensibilidades y visiones ideológicas diferentes en relación al país que se quiere y a la forma de gobernar. Lo que beneficia al Presidente hoy -por el estricto apego a lo que dicen las encuestas- debería tender a agotarse por la dinámica político-social que exigirá señales más claras del anunciado sello social que busca el gobierno.

• ​

Clave2: LO QUE DEJA CAVAL: Ya sea por procedimientos abreviados o por juicios orales, todo parece indicar que, a juicio de los críticos, las penas finales de los casos investigados por el Ministerio Público resultan reducidas o no responden a la gravedad que los hechos parecían tener según la cobertura informativa o las expectativas creadas en la ciudadanía. Como ejemplo, luego de años de investigaciones, el Tribunal Oral de Rancagua sentenció a Natalia Compagnon a 541 días de presidio menor en su grado mínimo y a un pago de $23 millones más costas, monto que correspondería nada menos que al 200 % del daño causado al fisco por delito tributario, y aún así se estima insuficiente. En los casos de las penas por juicios abreviados, las críticas son igualmente duras. Ante estos hechos bien valen algunas reflexiones:

​

• Es necesario retomar el principio básico de que los procesos investigativos deben transcurrir con el resguardo y celo que se requiere para hacer preservar la honra y la presunción de inocencia a la que toda persona tiene derecho antes de cualquier fallo judicial.

• Parece haber llegado el momento de ingresar a una dinámica que destierre los sentimientos más primarios de la sociedad, reimponiendo el respeto a las leyes y a las instituciones que las representan y ejecutan. Salir de la crisis de confianza que afecta a Chile está también determinado por la capacidad que se tenga de respetar los fallos judiciales.

• Cuando la fe pública es traicionada se produce un daño transversal que es imputable tanto a quienes delinquen o detentan un actuar poco ético, como también a quienes sacan “cuentas alegres” respecto de cómo un hecho puede afectar al oponente político, o a quienes generan expectativas desmesuradas en los medios de comunicación. Cuando esto ocurre, la crisis de confianza termina afectando a todas las instituciones, sin distinción.

​

Clave3: ALGO MAS QUE UN SUELDO: El debate sobre lo acontecido con las cláusulas de contrato de trabajo de Jaime de Aguirre en TVN parece haberse quedado en el impacto generado por la divulgación de los números, con cifras que, evidentemente, aparecen muy por sobre la media de cualquier trabajador o trabajadora chilenos. Sin duda, el conocimiento de las rentas de los ejecutivos y de los grandes rostros de un canal que hace poco logró que el Congreso le aprobara  una capitalización de US$ 48 millones y otros US$ 18 millones para la creación de una señal cultural, predispone a la rápida sanción ciudadana. No obstante hay otros elementos que resulta imprescindible considerar:

​

• Es evidente que, ante la irrupción de la señal por cable y otras alternativas, la televisión abierta sufre una crisis que afecta a todos los canales en cuanto a audiencia y, por consiguiente, en la recaudación por avisaje. Por cierto, el sector privado tiene la libertad de decidir si se trata de un negocio que conviene o no y, eventualmente, darle fin, como a cualquier actividad comercial.

• Lo que hay de fondo es explicitar si se quiere o no una televisión pública, si el Estado debe tener un sentido de misión – más allá del gobierno de turno – que apunte a entregar una alternativa plural de información y cultura entretenida, de fácil acceso a la población.

• No se debiera olvidar que la televisión pública requiere de un apoyo del Estado y simultáneamente, ser competitiva en el mercado. Esto implica eficiencia en la gestión y capacidad de ganar audiencias en una misión que incorpore valores que importan al país. Resulta así evidente que, en esta dimensión, la captura de ejecutivos competentes y rostros atractivos deberá también estar circunscrito a lo que indica el mercado.

 

Clave4: VIOLENCIA IRRACIONAL: A simple vista pareciera no haber relación entre el apuñalamiento de tres manifestantes feministas, el baleo a hinchas de la Universidad de Chile, la destrucción de colegios o las quemas de buses, maquinarias o inmuebles en la Araucanía. Sin embargo, hablan de un tipo de violencia irracional que ha ido instalándose en el país y que puede transformarse en hegemónico de no mediar la reacción oportuna de todos los actores, sean estos privados o públicos.

​

• Resulta indispensable la condena clara de todos los sectores ante los hechos de violencia, cualesquiera que sean, y que se apliquen sanciones ejemplificadoras. No es aceptable que se queme un camión o se asalte una casa, pero tampoco lo es que estudiantes en toma destruyan su liceo, con perjuicio para toda la comunidad escolar. Estamos en una sociedad donde se reclaman rapidamente los derechos, no obstante las responsabilidades y obligaciones muchas veces se pretenden diluir tras la defensa de las más diversas causas, por legítimas que éstas parezcan.

• Cuando en los medios la violencia se proyecta como un dato cotidiano y sin grandes consecuencias para los perpetradores, se corre el riesgo de incentivar dicho comportamiento como algo habitual.

• No hay que olvidar que es la Autoridad quien debe generar el marco para resolver este problema, que incorpora a las policía, los tribunales, pero también un sistema eficiente de rehabilitación, lo que puede impedir la perpetuación del delito como única alternativa para quienes delinquen por los más diversos motivos.