24 agosto, 2018

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En una vertiginosa quincena, la irrupción de los Derechos Humanos en la agenda dejó costos importantes para el Gobierno, no solo en términos de evaluación pública sino también en las relaciones al interior de la coalición oficialista. Comienza a evidenciarse que las diferencias en Chile Vamos no estarían acotadas a los denominados temas valóricos, como el aborto o la identidad de género, sino que se expresan en concepciones más profundas de idea de país y democracia. Por otro lado, y a pesar de la diligencia con que el Primer Mandatario actuó para resolver el desaguisado del cambio de Gabinete, ello no alcanzó a evitar que el episodio lograra unir a la oposición, luego de meses de irrelevancia y descoordinaciones.

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No obstante, el Ejecutivo hace esfuerzos por retomar el timón y, al tiempo, responder a la demanda por mayor celeridad efectuada por el empresariado en materia económica. Es así que, mediante cadena nacional, el Presidente Piñera informó a los ciudadanos sobre el ingreso al Parlamento del proyecto de ley que modifica la Reforma Tributaria aprobada durante la Administración de Michelle Bachelet, además de, próximamente, la Reforma Laboral, junto a otras iniciativas. Con ello, el Gobierno esperaría terminar con la ola de críticas surgidas desde su propio sector. Ello, además de dar el paso desde un escenario de cifras de crecimiento favorables a otro donde ello se traduzca finalmente en mayor inversión, más empleo y mejores sueldos. El Ejecutivo, sin embargo, no logró despejar las dudas que surgieron respecto de la forma en que la menor recaudación que conlleva la modificación propuesta será compensada con el impuesto a las plataformas digitales y boleta electrónica. Especialmente, porque ésto último significará que los costos finales terminaría asumiéndolos la clase media que se dice defender. Con todo, los especialistas quedaron a la espera de conocer a fondo la propuesta del Ejecutivo para tomar posiciones.

 

Clave1: LA PERSISTENTE DESIGUALDAD

Esta semana el Ministro de Desarrollo Social y la Familia hizo públicos los resultados de la encuesta CASEN 2017 que mide cada dos años la pobreza en nuestro país. El estudio arrojó que, por ingresos, hay un 8,6% de personas en situación de pobreza en Chile, equivalentes a 1.528.284 habitantes. Ello muestra una caída respecto del último resultado de 11,7% que se registró en 2015. Sin embargo, las cifras más preocupantes surgen cuando la medición se refiere al criterio de pobreza multidimensional, que incorpora variantes como educación, vivienda y seguridad entre otros factores. Bajo esta fórmula, Chile registra una pobreza multidimensional de 20,7%, con una caída muy pequeña de 0,2% respecto del 20,9% arrojado en 2015.
Así, la Región de la Araucanía continúa encabezando las regiones más pobres con un 17,2%. Le siguen Ñuble con un 16,1%, el Maule con 12,7% y el BioBio con un 12,3%. En tanto la Región de Magallanes es la que registra la cifra más baja en número de pobres (2,1%), seguida por Aysén (4,6%) y Antofagasta (4,6%).

El mayor problema se presenta respecto de la desigualdad. Según establece la encuesta 2017, el 10% más rico obtuvo un ingreso 39,1 veces mayor que el 10% más pobre. En la medición anterior, en 2015, el 10% más rico obtenía un ingreso 33,9% veces mayor al 10% más pobre. En palabras del propio Ministro Moreno “Cualquiera sea la medición, la distribución del ingreso empeora” y agregó que, al mirar qué porcentaje del ingreso se lleva cada decil de la población, el único cambio significativo se observó en los dos deciles más pobres, quienes “desmejoran su posición respecto del resto de la población”. En resumen: los sectores más pobres empeoran.

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- Este crudo escenario trae implícita la constatación del fracaso evidente que demuestran las políticas implementadas por sucesivos gobiernos para disminuir la persistente desigualdad entre los chilenos. Desde el retorno a la democracia, múltiples esfuerzos, particularmente en educación, han construido una sociedad con una gran clase media emergente, pero endeudada y de gran vulnerabilidad, que pueden fácilmente entrar y salir de situaciones de pobreza. El más rico, sin embargo, consolida su situación ventajosa.

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- A pesar de lo anterior, el estudio plantea un desafío de fondo para un Gobierno que está mostrando cifras económicas positivas. Es evidente que el crecimiento por si solo es insuficiente, si la tarea que se propone el Ejecutivo es que dichas cifras se traduzcan en mejores condiciones de vida para toda la población. Se hace evidente la necesidad de la acción del Estado mediante políticas públicas sustentables, así como incentivos diversos y una sólida asociación público-privada para provocar un giro hacia una mayor igualdad.

 

- El diagnóstico que entrega el estudio es un punto de partida que, dependiendo del impulso que del Gobierno, se puede convertir en una oportunidad para mostrar su capacidad para revertir la aparentemente lapidaria tendencia hacia la desigualdad. Si la promesa de “tiempos mejores” logra medirse en estos términos, aun podría la centro-derecha pensar en recuperar buena parte de la adhesión ciudadana de los primeros meses.

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- Lo anterior dependerá, por cierto, entre otros factores, del proceso que sigan las discusiones de reformas tan gravitantes en lo social como la tributaria y laboral. En otras palabras, que el impulso al crecimiento y la inversión que pretende el gobierno priorice también la disminución de la abrumadora brecha en los ingresos de los chilenos.

 

Clave2: DERECHOS HUMANOS, LA HERIDA ABIERTA

El cambio de gabinete con el que el Presidente Piñera intentó producir una inflexión favorable, luego de varias semanas de caer en las encuestas de opinión pública, trajo consigo el episodio del ministro más breve de la historia y, al tiempo, la evidencia de que las violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante la dictadura militar continúan produciendo profundas divisiones, especialmente al interior de la centro-derecha.

Se trata de una herida profunda, que no sana porque no se ha limpiado y mantiene vivas las odiosidades. Hay quienes continúan su inclaudicable lucha por verdad y justicia, hay quienes intentan justificar su silencio dando un contexto a las violaciones y, por cierto, también hay quienes derechamente defienden lo obrado por el régimen militar. Lo cierto es que esta imprevisible coyuntura detonó otras variantes que terminaron complejizando aún más la acción del Gobierno:

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- La irrupción de los DD.HH. en la agenda logró unir a una oposición, hasta la fecha disgregada y con escasa visibilidad, salvo en su función crítica. Lo anterior no significa que la centro-izquierda esté en condiciones de mostrarse como alternativa, no obstante da indicios de una posible coordinación respecto de temas de fondo y un incipiente reperfilamiento que va dejando al Ejecutivo con poco margen para futuros errores.

- El Gobierno sabe que la composición del actual Congreso no favorece el curso de su gestión. De ahí la promoción de grandes acuerdos en torno a los grandes temas, como un trabajo pre-legislativo que de algunas garantías en tal sentido. No obstante, la intransable oposición de la Mesa DC respecto de la permanencia del Subsecretario Castillo en la cartera de Salud podría dejar al Ejecutivo sin su principal aliado para alcanzar acuerdos parlamentarios. Así, el Presidente tendrá que resolver, a la brevedad posible, si enfrentar un clima de clara minoría en el Congreso o asumir los costos de ceder nuevamente a las presiones para efectuar cambios en la designación de sus colaboradores.

- Con todo, una parte de la oposición se está jugando una carta incierta con la Acusación Constitucional presentada contra los jueces que otorgaron beneficios a condenados del penal Punta Peuco. Voces representativas de la defensa de los DD.HH. en Chile, como el abogado Héctor Salazar, han expresado lo improcedente que resulta el libelo para el cuidado de la democracia y el respeto a la independencia de los poderes del Estado.

- Por último, sin duda el Presidente Piñera tiene aún la oportunidad de legar una derecha moderna, de corte más liberal y distante de todo vínculo con uno de los episodios de nuestra historia más condenados globalmente, como fue la dictadura militar. Para ello, resultará indispensable la capacidad que el Mandatario pueda desplegar para conducir a su coalición hacia algunos consensos básicos, como la condena sin matices a las violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes del Estado.